La impunidad que rodea a los funcionarios estatales de la década de 1990, en Chiapas, es una aguda espina que dificulta el discurso de un presidente que pondera el desarrollo social, de una frontera sur abandonada a su suerte y explotada en sus vulnerabilidades.
Sin duda alguna, la matanza de Acteal no permite un sano entendimiento entre lo que debe de ser y lo que ha sucedido. Las procuradurías “duermen” un asunto que incomoda a todos, sociedad sedienta de justicia y políticos ávidos de poder sin responsabilidad.
El 22 de diciembre de 1997, Chiapas vivió uno más de los trágicos crímenes de su historia, cuando un grupo de indígenas tzoztiles que oraban por la paz, en la comunidad de Acteal del municipio de San Pedro Chenalhó, fueron brutalmente masacrados con armas de fuego y mutilados con machetes por un grupo de paramilitares que acabaron con la vida de 45 personas, entre ellas, un bebe, 14 niños, 21 mujeres, cuatro de ellas embarazas, y nueve hombres. Además de muertos, la agresión dejó 25 heridos y cinco desaparecidos más.
Entre denuncias de impunidad, con dudas sobre un proceso que aprisionó a más de 80 personas; inocentes en la cárcel y culpables en la calle, la masacre de Acteal cumple 11 años el 22 de diciembre próximo.
Más de una década de los hechos y una deficiente investigación, 20 órdenes de aprehensión aún sin cumplir. Siguen sin convencer a las victimas la versión oficial de que las muertes se derivaron de un “conflicto intercomunitario”.
Según la versión de algunos sobrevivientes, los disparos comenzaron aproximadamente a las 10:30 de la mañana de aquel fatídico lunes; las detonaciones duraron un promedio de seis horas, y fue hasta las 17:00 horas que elementos de Seguridad Publica (SP) arribaron al lugar donde se registró el derramamiento de sangre.
Familiares de los indígenas asesinados acusaron a militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de las comunidades de: Los Chorros, Puebla, Pechiquil y Quextic de ser los ejecutores de la masacre.
El consejo autónomo de Polhó aseguró que fueron por lo menos 50 hombres fuertemente armados, con los rostros cubiertos, a bordo de camiones de tres toneladas, quienes accionaron armas AK-47 y AR-15, en contra de los reunidos en la ermita.
Según versiones, la información de los grupos de inteligencia del gobierno revela que después de haber sido asesinadas las mujeres, fueron desvestidas y les mutilaron los senos; a una le metieron un palo en medio de las piernas y a las embarazadas les abrieron y les sacaron sus hijos como fue el caso de Catarina Luna Pérez, con cinco meses de embarazo, quien recibió cinco machetazos; Juana Pérez Pérez, muerta con las vísceras expuestas, con un balazo en el tórax y 28 semanas de embarazo, y Guadalupe Gómez, una bebe de 11 meses a quien le machacaron el cráneo, todos ellos se encontraban orando por la paz cuando les llegó la muerte.
La necropsia practicada a los 45 masacrados, “en la mayoría de los casos, muestran que las balas de grueso calibre tienen trayectoria de atrás hacia delante; 43 víctimas habían sido ultimadas por arma de fuego y dos a base de golpes”, dio a conocer el área de averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República.
Un día después de los hechos violentos, el entonces gobernador, Julio César Ruiz Ferro, declaró en palacio de gobierno que como gobernador de Chiapas y como ciudadano que “sé del valor de la vida”, condenaba lo ocurrido intentando limpiar de sus manos la sangre de los 45 indígenas. Afirmaba su voluntad de investigar a fondo los hechos.
Esta tragedia trajo como consecuencia la renuncia del gobernador de Chiapas, el 7 de enero de 1998, quien fue remplazado por Roberto Albores Guillén y posteriormente el l3 de enero de ese mismo año, la renuncia del secretario de Gobernación Emilio Chuayfett Chemor, que fue relevado por Francisco Labastida Ochoa.
Once años de silencio
Las heridas de los sobrevivientes siguen sin cerrar: niñas y niños quedaron huérfanos; viven en la horfandad legal, herencia de las autoridades gubernamentales.
Al cumplirse 11 años de los hechos violentos, Zenaida, Efraín, Catalina y Jerónimo son cuatro niños que fueron víctimas de los asesinos que acribillaron de manera artera a sus padres. Las balas también los alcanzaron, pero sobrevivieron y ahora arrastran las secuelas más difíciles.
Zenaida recibió un tiro en la cabeza y como consecuencia perdió parte de la masa encefálica y la vista en uno de sus ojos. “El apoyo que había ofrecido el gobierno de Roberto Albores quedó en puras promesas, se olvidaron de nosotros, sus papás de mi nieta murieron”.
Jerónimo tiene mutilado el brazo, lleva varias operaciones, pero sigue mal y en rehabilitación.
Efraín fue baleado en la boca, padece de desnutrición al no poder ingerir bien sus alimentos, no ha podido recuperarse. “Necesita varias operaciones, pero no tenemos recursos ni el apoyo del gobierno para continuar con la rehabilitación”, comento con lagrimas el padre de Efraín.
Catalina recibió varios tiros en diferentes partes de su pequeño cuerpo, sigue en rehabilitación sin avances notorios, “le llagaron las balas en los brazos y en su cintura, todavía no esta bien, no tenemos dinero para los tratamientos”, apunta uno de los familiares.
Según información obtenida, de manera extraoficial, 28 menores de edad que quedaron huérfanos fueron receptados por el “Colectivo Feminista Mercedes Olivera”, ya que no han sido apoyados por el gobierno como se les prometió desde 1997, pues tan solo 12 de los 72 infantes reciben becas.
Fiscalía, resultados cortos
Nueve años trascurrieron para que las constantes protestas de organizaciones indígenas y de derechos humanos hacia el gobierno de Chiapas crearan una instancia para investigar a fondo a los involucrados en la masacre, no sólo en las autorías materiales, sino en la autoría intelectual o en los delitos de omisión de la matanza.
La PGR determinó responsabilizar por la masacre a 124 personas; 83 indígenas civiles, seis de ellos luego de ocho años de cárcel, fueron declarados inocentes, uno murió encarcelado, 24 condenados a 36 años y tres meses de prisión, y el resto a la espera de ser sentenciados.
También fueron procesados 15 servidores públicos y condenados a ocho años de prisión por los delitos de homicidio y lesiones por omisión, al no actuar el día de los hechos para salvaguardar la integridad de los indígenas, entre ellos, se procesó a Julio César Santiago Díaz, jefe de asesores de la coordinación general de la Policía Estatal, y a los policías estatales Roberto Martín Méndez Gómez y Roberto García Rivas.
De igual manera, 11 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal fueron acusados penalmente y condenados a prisión por haber permitido que civiles portaran armas en días previos a la masacre.
Jacinto Arias Cruz, expresidente municipal de San Pedro Chenalhó, es a quien se le impuso un condena mayor: 36 años y tres meses de prisión, la misma condena se aplicó a otras 23 personas.
Al paso de los años, tanto familiares de las víctimas como organizaciones indígenas y civiles, han señalado la responsabilidad intelectual de funcionarios estatales, a quienes no se les han fincado responsabilidades penales o administrativas, tales como el gobernador Julio César Ruiz Ferro, su secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani; Uriel Jarquin Gálvez, secretario y subsecretario de Gobierno; Marco Antonio Besares Escobar, procurador General de Justicia del estado; David Gómez Hernández, subprocurador de Justicia Indígena; General Jorge Gamboa Solís, coordinador general de la policía del estado, y José Luis Rodríguez Orozco, director de Seguridad Pública del estado.
Abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) han asegurado que las investigaciones y el proceso penal presentan severas irregularidades.
El dirigente del Ejército de Dios, Esdras Alonso Gonzalez, lamentó que a dos años de haberse creado la Fiscalía Especializada para el caso Acteal, “no hayan avances en las investigaciones”, lo que consideró como parte de la impunidad que se le está brindando a exfuncionarios estatales y federales, responsabiliza al exgobernador, Julio Cesar Ruiz Ferro y al expresidente de la republica, Ernesto Zedillo Ponce de León, para quienes pidió “que se giren órdenes de aprehensión y sean castigados con estricto apego al estado de derecho”, ya que aseguró que “son los culpables, responsables y autores intelectuales de los 45 muertos de Acteal”.
Imputaciones directas
Esdras Alonso González asegura que al menos 46 presos de los que se encuentran recluidos en el penal del Amate son inocentes de los cargos que se les imputan en la masacre de Acteal.
“La mayoría de los que hoy están sentenciados por el caso Acteal son gente inocente a quienes les fabricaron delitos, con excepción a 14, los demás son chivos expiatorios, no es justo que gentes inocentes paguen los errores de los que estaban en el poder”.
Alonso González acusó al actual dirigente de la agrupación política nacional, Encuentro Social, de ser cómplice de Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, al “callar la verdad de la Masacre de Acteal”, a cambio de puestos políticos y por lo mismo, permanecen varias personas inocentes en el Ámate.
“Hugo Eric Flores prefirió negociar políticamente con el gobierno de Fox y Calderón. Él tiene mucho que decir y calló. Está consintiendo el que esta gente esté en la cárcel. Lo han ubicado en puestos políticos a cambio del silencio. Ha obtenido el registro de partidos políticos en el norte del país a cambio de callar la verdad de la masacre de los indígenas y dejar que gente inocente esté tras las rejas”, asevera.
“Que Hugo Eric hable todo lo que sabe, que diga la verdad, que diga dónde están las armas. ¿Por qué no publicó el libro que tenía en proyecto y que se llamaría El otro camino, Acteal en el tiempo de Fox? Él sabe que la mayoría de gente que ahorita está en el Ámate, es inocente”.
El representante de los evangélicos en San Cristóbal de las Casas lanzó un llamado a las autoridades a abrir nuevas líneas de investigación y que se llame a declarar a Eric Flores y, de esta manera, esclarecer este múltiple y sangriento homicidio, en el cual “se encuentran involucradas muchas personas que, aseguro, son inocentes”.
Entre los cargos políticos que ha ocupado Hugo Eric Flores Cervantes está el de asistente del expresidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León; diputado Federal y Oficial Mayor de la Semarnat, hasta el año pasado, es decir, durante el primero de la administración de Calderón Hinojosa.
Historia sin fin
Para las organizaciones civiles, el onceavo aniversario de la masacre es la oportunidad para que las instancias de justicia informaran el avance real de las investigaciones y mostraran voluntad de investigar objetivamente un hecho que empaña la impartición de la justicia en México. El drama de Acteal es, hasta el momento, una historia sin fin.
Revista Contralínea
Publicado: Año 4 / Noviembre 2008 / Número 49
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